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Hunosa batalla para sofocar el rechazo a la quema de residuos

La empresa busca tranquilizar a los mierenses e inicia contactos políticos y sociales para explicar la transformación de la térmica

El entorno de la térmica de La Pereda. | LNE

La plataforma que ha asumido en Mieres la oposición ciudadana a la quema de combustible sólido recuperado (CSR) –elaborado a partir de residuos de la basura– en la central térmica de La Pereda ya ha recaudado casi 3.500 euros para iniciar un contencioso administrativo contra la autorización ambiental concedida por la Consejería de Transición Ecológica a Hunosa para que transforme la planta, que ahora se abastece de estériles de mina y carbón. Al tiempo, la empresa pública ha iniciado una campaña informativa para convencer a la sociedad civil mierense de lo inocuo del proyecto. A la espera de que el proceso acabe, como parece, judicializado, ambas partes han iniciado un combate para poner de su lado a la opinión pública.

Hunosa convocó el pasado martes a sindicatos, Ayuntamiento, movimiento vecinal y cultural y al tejido comercial para explicar pormenorizadamente su visión sobre el futuro de la central térmica. Además de contestar a las inquietudes de todas las partes, los responsables de la compañía estatal anunciaron que entre junio y septiembre organizarán al menos cuatro actos públicos con todo tipo de expertos, incluidos profesionales sanitarios, para refutar las críticas al proyecto que se desarrollará en La Pereda. Hunosa quiere rebatir así la extendida afirmación de que la incineración de combustible CSR en Mieres generará –así lo sostiene la plataforma crítica– "contaminación ambiental en un amplio radio de kilómetros, emitiendo sustancias altamente tóxicas como dioxinas, furanos y metales pesados". El frente ciudadano ya trabaja en un recurso contencioso administrativo contra el uso de CSR, así como en otros recursos y procedimientos que implican contratar la asistencia jurídica, con abogados y procuradores.

Hunosa trasladó el martes al Ayuntamiento de Mieres y al asociacionismo local la tajante afirmación de que solo se quemará un 10% de CSR. "Se nos comentó que la caldera que dará servicio a la central no estará adaptada para sostener un mayor porcentaje", explica Arsenio Díaz Marentes, que participó en el encuentro. La empresa también dijo que ya está establecido un marco de convenio con madereros de toda Asturias para garantizar el suministro de biomasa a la futura instalación, para lo que se ha establecido un radio de 200 kilómetros para el abastecimiento.

En la reunión que el martes se mantuvo en las oficinas que Hunosa tiene en Ujo ninguno de los colectivos manifestó apoyo al proyecto. La posición del Ayuntamiento, de hecho, es contraria al uso de CSR. Los sindicatos, por su parte, sí respaldan la transformación de la térmica en los términos establecidos en la actuación.

"La Pereda utilizará como combustible un 90% de biomasa forestal, limitando el combustible sólido recuperado a un máximo del 10%. La nueva central no sólo cumple la legislación sobre emisiones, sino que además será aún más respetuosa con el medio ambiente y la salud pública que la térmica actual", sostienen tanto las centrales como Hunosa. Que además rechazan las críticas ecologistas: "Es absolutamente infundado afirmar que la nueva central es un paso previo a una planta de incineración". Es una respuesta a las denuncias que ha formulado la plataforma ciudadana que combate el proyecto. "El régimen retributivo conseguido para 20 años obliga a que no se supere el 10% de consumo de CSR", precisan también Hunosa y los sindicatos.

El consejo de administración de Hunosa adjudicó recientemente la redacción del proyecto y ejecución de las obras de transformación a biomasa de la central mierense. Los trabajos los realizará la UTE compuesta por Moncobra y Maetel Instalaciones y Servicios Industriales, con un coste de 36,9 millones de euros. Ante este avance definitivo, tanto el movimiento vecinal de Mieres como la Coordinadora Ecoloxista de Asturias han presentado alegaciones como un paso más de una batalla legal para tratar de frenar un proyecto que a estas alturas parecía ya encarrilado. Ahora, la plataforma ciudadana pretende dar un salto en su estrategia y trasladar su reivindicación a los tribunales. Y pide el apoyo de toda la sociedad para sufragar las costas.

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